El historiador Manuel Núñez considera que el desplazamiento de la mano de obra dominicana por la de inmigrantes haitianos es causa de trastornos en el país, debido a que entre los criollos desplazados hay quienes toman como alternativa la emigración, la delincuencia o acogerse a los programas de asistencia social del gobierno. Afirma que la creación de empleos en la construcción y la agricultura ya no incide en la economía dominicana, condenando a los nacionales ante la desaparición de plazas y la imposibilidad de que estos puedan acceder a empleos superiores. Considera que la desaparición de un proletariado es catastrófica para un país. Destaca que el crecimiento poblacional de los haitianos hará en un plazo relativamente corto que los servicios como el de salud colapsen, considerando que situaciones como estas no se resuelven con propaganda y no hay voluntad política de resolver el problema de la inmigración ilegal. Dijo que al no existir una frontera laboral ni jurídica contra los inmigrantes haitianos se crea una situación grave ante la cual no hay voluntad de resolver el problema sino de dejarlo todo en nebulosa para no hacer nada. Además señala que hay políticos que están canjeando la soberanía por negocios y procuran legitimarse adhiriéndose a los planes internacionales a favor de los haitianos. Núñez considera que un escenario ideal ante la situación está el de dominicanos que puedan decidirse a mantener la independencia de los haitianos, mientras otro sería el surgido por la desnacionalización del empleo, de territorios, la cultura y los registros civiles mediante documentación falsa que nos llevaría a una fusión no deseada mediante la caída de una destrucción de la independencia nacional. Cita otro escenario en el contexto de lo propuesto por empresarios para realizar una fusión bajo la concepción de una supuesta dominicanización de Haití y la creación de una federación comercial e industrial creando dos clases sociales, una con grupos de poder dominicanos y haitianos y una media baja con el resto de la población. Considera que al vencerse el plazo para la regularización de los inmigrantes ilegales en el mes de junio se deben iniciar las repatriaciones de quienes no se hayan acogido a los planes del gobierno, por lo cual considera que se debe dotar de recursos a la Dirección de Migración, que es la entidad encargada de cumplir esta disposición, lo cual ve difícil debido a que además no tiene el personal para realizar una repatriación masiva.